La instancia explica que Nelson Rafael Marmolejos Gil, Héctor Darío Féliz Féliz y Faustina Guerrero Cabrera enfrentan cargos por narcotráfico y lavado de activos
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público solicitó este miércoles a la Suprema Corte de Justicia la designación de un juez de instrucción especial para conocer de las imputaciones contra los diputados Nelson Rafael Marmolejos Gil, Héctor Darío Féliz Féliz y Faustina Guerrero Cabrera, implicados en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Falcón.
La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, presentó la solicitud al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, mediante una instancia depositada en la secretaría del órgano judicial.
Marmolejos Gil, de Santiago; Féliz Féliz, de Pedernales, y Guerrero Cabrera, de El Seibo, figuran entre los involucrados en la amplia red a la que el Ministerio Público ocupó bienes millonarios adquiridos con dinero del narcotráfico.
Los tres son diputados escogidos en las elecciones del año 2020 y, por lo tanto, tienen privilegio de jurisdicción, en virtud del Artículo 154 de la Constitución de República Dominicana.
Dicho artículo señala, en su literal 1, que corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia conocer en única instancia de las causas penales seguidas a senadores y diputados”, recuerda la directora general de Persecución del Ministerio Público en su instancia.
Reynoso explica que el Ministerio Público tiene abierta una investigación en contra de los tres diputados, a quienes imputa, en forma provisional, de asociación de malhechores, narcotráfico, lavado de activos provenientes del narcotráfico y tenencia ilegal de armas de fuego.
Dichos delitos son tipificados en los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, así como por los artículos 4, 58, 60, 75, 85, 99, 100 y 101 de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas.
También, por los artículos 3, 4, 8 y 12 de la Ley 155-17, sobre Lavados de Activos; los artículos 3, 4, 8, 18, 21 y 26 de la Ley 172-02, sobre Lavado de Activos Provenientes del Narcotráfico, en relación con los hechos con anterioridad al año 2017. A los legisladores se les imputa además la violación a los artículos 66, 67 y 68 de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, en perjuicio del Estado dominicano.
